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lunes, 7 de abril de 2008

El Corolario de un Diálogo de Sordos.


Por medio de un fallo del Tribunal Constitucional se ha impedido la distribución de la píldora de emergencia (o del día después), los dispositivos ultrauterinos y cualquier método que incluya levonorgestrel. Aunque esta sentencia, que dicho sea de paso es inapelable, aún no la conocemos en detalle, ya tenemos claro qué es lo que impide y por ende cual es la línea de razonamiento del tribunal. Los tinterillos de siempre intentarán buscar el resquicio, me parece que el asunto es aún más grueso y que aquí los argumentos sofisticados no caben:

1º Desde que se comenzó a comercializar la píldora de emergencia los grupos fundamentalistas católicos buscaron todas las argucias para impedirlo. Al llamarles fundamentalistas descarto siquiera la posibilidad de dialogar con ellos puesto que es absurdo pedirle razón a los dichos de quienes hablan desde el dogma, la revelación y al final de cuentas de las víceras. La instrumentalización que estos grupos hacen del Derecho y de la Ciencia es evidente pero hasta el momento nadie ha sido capaz de decirlo con todas sus letras y han tratado de ganarles en el mismo terreno y ese es el origen de la situación descabellada en que nos encontramos. Es que si un tonto nos obliga a bajar a su nivel uno cree que lo derrotará fácilmente pero no es así, el tonto lleva años siéndolo y al final de cuentas nos ganará por experiencia. El descender a la irracionalidad en vez que defenderla desde el principio ha sido la causa de la derrota.

Tribunales civiles prohibieron la comercialización de la píldora mediante medidas precautorias que hacían imposible la solución rápida del problema ya que los juicios civiles duran en promedio un poco más que un periodo de gobierno.

2º Para salir del apuro el gobierno, en vez que dar la lucha de frente y a cara descubierta, aprovechando el alto consenso que existe en nuestro país en estos asuntos (me refiero a consenso dentro de la población, no dentro de la clase dirigente), elude las medidas precautorias autorizando la comercialización del mismo producto rotulado en forma diferente y ordena mediante un acto administrativo distribuirlo en los centros de salud públicos, en vez que presentar los proyectos de ley que sean necesarios.

3º Los fundamentalistas, odiosos como son y un poco más por la afrenta de la traición, reaccionan (oh sorpresa) sometiendo el asunto al tribunal constitucional. La defensa del gobierno es la de la racionalidad frente al dogma: “Si la píldora es abortiva, también lo es la T de cobre”. El tribunal constitucional en vez que considerarlo un argumento pro reducción al absurdo lo vio como la oportunidad que necesitaba.

El resultado es que el gobierno para defender la administración de una píldora de emergencia ha puesto en riesgo las medidas planificación familiar utilizadas masivamente durante los últimos cuarenta años. Si existiera una educación sexual adecuada y una entrega suficiente de condones y de otros métodos anti conceptivos, la píldora del día después no tendría la relevancia que hoy tiene. Es más, el efecto que ella produce se puede obtener con el uso masivo de otras píldoras anticonceptivas. Y si algo no hace la pildorita en cuestión es curar el SIDA el día después del contagio.

La cuestión de fondo es que la discusión desde el principio ha estado mal planteada pues si la píldora es o no abortiva no es una cuestión científica sino que jurídica y como me he cansado de decirlo, las cuestiones jurídicas son cuestiones políticas.

Los fundamentalistas usan y abusan del Derecho en respuesta a que el gobierno usó y abusó del Derecho en vez que hacer política. Ambos han puesto en la línea de fuego a los pobres diablos de siempre que verán aumentadas sus familias, ya míseras, en plena crisis económica, por la incompetencia de sus gobernantes.

Un médico, en fin, un científico, puede afirmar que una muerte es o no causada por terceros pero la definición si eso es homicidio corresponde a un tribunal. ¿Qué informe de expertos podría haber clarificado una cuestión de Derecho?

Para quienes no lo sepan los tribunales deciden sobre la base de los hechos el Derecho aplicable, se escucha a expertos para clarificar los hechos. Ningún experto pudo haber afirmado científicamente que tal o cual método era o no abortivo ya que lo único que podrían decir es si se interrumpía la concepción o la anidación. Si eso es o no aborto es una cuestión legal.

Es arbitrario, absurdo, atávico, creer que la Constitución defiende la vida sin más. La misma Constitución señala que defiende la “vida (humana) que está por nacer”, es decir, la vida viable. El código civil, que reproduce una norma de los tiempos del imperio romano, dice que la vida principia al nacer, pero eso es tan paleolítico como decir que la vida termina al deternerse naturalmente las funciones vitales. ¿Si una célula ya es un ser humano porqué no extendemos la prohibición, para no correr riesgos en el purgatorio digo yo, a las mujeres cada 28 días por desechar óvulos sin fecundar y a los hombres por arrojar cientos de miles de espermatozoides en cada masturbación?. Ni la fecundación, ni la anidación son parámetros válidos, en una sociedad medianamente sensata, para considerar que surge la vida humana susceptible de ser protegida con una criminalización equivalente al homicidio, el aborto. Una célula, que no piensa y no siente tiene los mismos derechos que un feto de ocho meses y casi los mismos que un premio nobel de física.

Como dije, el mayor error ha sido intentar discutir con quien no se puede hacerlo. Los fundamentalistas son una minoría hostil y deben ser tratados como tales en vez que ser permanentemente escuchados como si existiera alguna posibilidad de razonar con ellos, se ha entrado en su juego y hoy se pagan las consecuencias; el segundo error ha sido abandonar la política replegándose en la burda tinterillada que lo único que hizo fue igualar las condiciones con los fanáticos quienes vieron caer la moneda en cara en una ordalía que con voz engolada llaman proceso constitucional. Se les olvidó de pronto que los fundamentalistas están sobrerepresentados en el congreso pero aún más en los tribunales.

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