Violencia y Control Social

Aunque la tarea del sistema judicial no tenga nada que ver con la Justicia aún así se lo legitima recurriendo a ella. De parte de la ciudadanía existe la íntima convicción de que las leyes y la aplicación de ésta debe tener un resultado justo, es más, que es posible concluir en cada caso con una sola decisión justa.

El problema es que la Justicia no sólo está relacionada con los distintos sistemas morales que se toleran dentro de una sociedad pluralista sino que con los distintos sistemas de intereses, bastante más prosaicos que lo que admiten las normas jurídicas y morales, de los cuales depende el Estado de Derecho en todos los sitios que consideramos medianamente civilizados.

Por lo dicho no es tan relevante la pregunta de que si un tribunal hizo o no justicia en tal caso sino la interrogantes de para quién la hizo.

Desde luego que casi toda el agua disponible va directo al molino de los intereses dominantes de la sociedad: El sistema criminal por ejemplo, permite controlar la fuerza de trabajo sea por regular la cantidad de trabajadores disponibles, como por sus posibilidades de extorsionar a los pobres aún no criminalizados con el infierno si es que se resisten a que se les explote.

Pero son más bonitas las leyes que la cruda realidad, y los grandes titulares morales más bellos que ambos. Y esa belleza, y la vehemencia de sus promotores, la que permite la venta y la reventa de esos artículos tan superfluos.

La discusión de hoy es sobre los Jueces que liberan a cuanto delincuente llega a sus audiencias.

Todo surge en un cuestionable operativo policial en el cual se privilegió más el interés de Harry el sucio que lleva todo Paco por dentro que la protección de la víctima.

El "delincuente" fue dejado en libertad provisional ya que toda persona debe estar libre mientras no exista sentencia definitiva, salvo que asistan razones gravísimas para aprisionarlo preventivamente.

El Juez estimó que el "delincuente" había actuado en Estado de Necesidad ante el legítimo temor de ser detenido por Carabineros tras ser sorprendido a bordo de una motocicleta encargada por robo.

El escándalo se produjo a posteriori: El "delincuente" había dado un nombre falso (el de su hermano) y había sido reconocido por Investigaciones como un prófugo por distintos delitos entre los cuales se cuenta un homicidio.

Los hipócritas de siempre se lanzaron en bandada en contra del Juez y de los Jueces: Entre los escandalizados de última hora se cuenta el mismo gobierno que en el uso de no se qué facultades se siente con la obligación de reprender al poder judicial.

Los Jueces deciden con la información que tienen disponible y quien tiene la obligación de presentarle los elementos suficientes para la condena es el Ministerior Público más conocido como la Fiscalía.

Lo que querían los hipócritas y escandalizados ad hoc es que los jueces sean capaces de tener un olfato político y mediático, similar al de ellos, que les permita seleccionar los hechos periodísticos más relevantes y cuidarse de dejar presos a los actores mientras la noticia es olvidada por la prensa.

Desde luego que tales destrezas exceden las posibilidades formativas con que disponen los jueces además de no ser deseables tales habilidades en ellos.

La discusión que emerge es la de la eficiencia del sistema judicial y en especial el de persecución penal. Esta eficiencia es comprendida por los tecnócratas como la capacidad del sistema de persecusión de meter presos a todos quienes cometan delitos en nuestro país mientras tanto no se trate de delitos cometidos por tecnócratas.

Pero nuestras normas penales al ser draconianas e inumerables, si llegan a ser aplicadas en su totalidad habría que asignar unas cuantas regiones del país a los delincuentes y quedarse los "ciudadanos honestos" en las restantes.

Es porque nuestras normas no castigan los hechos más graves sino que cualquier lesión por trivial que sea a las suceptibilidades de la clase dominante.

Entonces surgen los tecnócratas renovados: Andrés Baytelman, quien cree que el mundo es un juego de rol, desde su tribuna de Gerente de Paz Ciudadana alerta sobre la ineficiencia del sistema penal y logra poner de relieve tres situaciones que posibilitan tal ineficiencia: La escasa y deficiente formación de los jueces; los deficientes sistemas de información que disponen los jueces para resolver; y los tecnicismos que utilizan los jueces para dejar en libertad a los imputados.

Creo innecesario referirme a la primera por la obviedad pero el caso de la segunda es diferente: El Nuevo Sistema de Justicia Penal, vigente en Santiago hace un par de años, dispone de todos esas computadoras que carecen los colegios públicos sin embargo, los usan de igual modo como a los expedientes que se cosían y pegaban años atrás. Basten dos ejemplos:

No existe el concepto de "firma digital", y todas las peticiones que necesariamente se deben tramitar administrativamente son ingresadas en papel, y para justificar las computadoras, esos papeles se escanean. Eso impide que se tramiten digitalmente tales peticiones y de lugar a la típica tinterillada de los pasillos de los viejos tribunales: Funcionaruchos dedicados a tareas inútiles y a cobrar el sueldo.

Consecuencia de lo anterior es que los tribunales no disponen en línea de la información de las policías, del registro civil; y la fiscalía y defensa tampoco disponen de la información que se produce en los tribunales directamente: En los nuevos tribunales tienen a funcionarios dedicados en forma exclusiva a llamar por teléfono y recepcionar los documentos que les expiden los policías y el registro civil (al ser recepcionados estos son escaneados por otros funcionarios y cosidos en los nuevos expedientes digitales) y otros, dedicados a enviar correspondencia electrónica personalizada a los fiscales, defensores y querellantes, en vez que estos accedan a la información desde la web.

Es que el uso de las computadoras es muy distinto a la digitalización.

El tercer punto puesto de relieve por Baytelman es menos técnico que los anteriores: El Gerente de Paz Ciudadana dice que los jueces dejan en libertad a los imputados usando tecnicismos.

Lo grave sería que se los dejara presos por tecnicismos.

En este caso el tecnicismo es un medio de defensa frente a una persecución criminal excesiva preocupada de repletar las nuevas cárceles concesionadas.

Obstante estos problemas, el que el "delincuente" de ocasión no haya sido identificado en la audiencia no es error de los tribunales sino que de la Fiscalía: Son ellos quienes deben proveer tal información.

Y la policía de investigaciones al actuar a destiempo ha producido más daño que al no haber actuado: Qué sentido tiene que su CSI completo identifique a un imputado cuando ya está libre.

El "delincuente" se le escapó a la Fiscalía por la negligencia de la policía y de ellos mismos.

Pero esto va a llevar que se presente un nuevo proyecto de ley que exija que el juez subsane el error de éstos cuestión que destruye toda noción de imparcialidad del tribunal.

En un país en que se tiene la mayor cantidad de presos por habitantes después de nuestros profesores (EEUU) todos se escandalizan por que uno está libre.

La reforma comenzó a regir contrarreformada y a éste paso le quedan a lo sumo unos cinco años para que volvamos al juez de Condorito metiendo presos a los ladrones de gallinas luego de escarmentarlos moralmente.