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lunes, 24 de marzo de 2014

Algunos  casos.
Por Ariel Zúñiga Núñez ( @azetaene )

En nuestro país, en los días que corren, contrasta de forma elocuente la generalizada confianza en las instituciones jurídicas con la común transgresión de las mismas.
La confianza es mayor mientras más propenso se está a padecer de las nefastas consecuencias de que los derechos se conviertan en letra muerta.
Esto podría ser una paradoja o lisa y llanamente una contradicción insalvable pero más paradojal, o contradictorio es, el subtexto de la afirmación inicial: A nadie pareciera preocuparle dicha paradoja o contradicción.
Confianza en qué derecho entonces es la que se tiene, quizá en uno providencial, capaz de imponer el orden mitológico laico trascendental. Esto puede tener algún asidero, deducido de los discursos de los entusiastas reformistas, lo que no lo tiene, bajo ningún respecto, es al basamento de ese derecho providencial ¿Porqué debería imponerse? ¿Por la fatalidad de los derechos humanos? ¿Porque es el corolario necesario de una modernización capitalista que Chile está ad portas de culminar?
Entre quienes disfrutan de los beneficios de que los derechos sean mera literatura de ficción la común transgresión de lo escrito, incluso de las reglas elementales de la lógica, perpetrada por mano propia, los hace ser escépticos inclusive nihilistas. Cuentan con que se impondrán finalmente los mas sobre los menos y gozan cada día como si fuera el último que tienen para abusar de los más débiles.
Los ingenuos reformistas no cuentan con tal panorámica, pero si no fuesen tan ingenuos, y tan reformistas, podrían construirse una y repensar sus respuestas automatizadas.
Ellos parten del supuesto errado de que los menos abusan de los más por ciertos errores de redacción de las normas jurídicas escritas. Es por ello que una nueva Constitución Política es vista como la panacea.
El automatismo ha llegado a tales extremos que ya no es imprescindible que se dicte una nueva norma fundamental sino que bastaría que se dictase otra, una que constituyera una asamblea sin importar mucho quiénes la integrarían, con qué intereses, y qué normas serían las intransables.
Quienes detentan el poder se oponen a la asamblea constituyente no porque esta sea una amenaza genuina a los poderes que detentan sino por salvaguardar el principio de autoridad, que aquello que ellos decidieron que no se hiciera no se haga, si relativizamos sus órdenes mellamos su poder.
Se oponen tenazmente a la asamblea constituyente como lo hacen con todo, pareciera que lo hacen sólo por joder, pero no es más que el rol de los políticos conservadores (retrasar los cambios, independientemente de cuáles estos sean)
Los privilegiados no lidian con la amenaza al orden inveterado mediante los políticos conservadores sino que a través de todas y cada una de las instituciones, sean de aquellas vulgarmente consideramos públicas o privadas. El derecho escrito no es el bastión de la conservación de lo establecido, es una de las tantas líneas de defensa, quizá sea la última, para qué tomarse tan en serio las leyes si lo establecido controla incluso el lenguaje.
Los ingenuos reformistas se toman lo aparente demasiado en serio, y así como algunos pretenden resolver los problemas de la humanidad depurando el lenguaje de los sesgos clasistas, racistas y sexistas más obvios, olvidando que el control opera en la base configurando qué es posible pensar; buscan en las leyes el auxilio que solo el armamento puede brindar.
Cada vez que hablan de adecuaciones a principios internacionales diez estudiantes de derecho quedan incapacitados de comprender el mundo en que actuarán. Hay que decirlo con vehemencia: Esos principios internacionales no existen y de existir no poseen, bajo ningún respecto, la importancia que les pretenden conceder.
Existen otros “principios” a los cuales el Estado chileno (junto con todos los demás) se ha ido adecuando casi sin necesidad de producir legislación interna. Pensemos en el énfasis que se le da al combate contra el narcotráfico, a la delincuencia común, al “terrorismo” (según el concepto impuesto desde Washington) o la propiedad industrial. Dichos “énfasis” producen efectos más extensos e intensos que muchos cambios a la legislación escrita.
Del mismo modo la mayoría de las normas que estructuran nuestra sociedad están muy lejos de la constitución política, a veces discretamente escondidas. Podríamos afirmar que así como Jaime Guzmán se preocupó de consolidar en el derecho constitucional chileno el proyecto histórico conservador, José Piñera se preocupó de imponer, mediante legislación irregular, el del monetarismo (neo liberalismo)
No existe área de la economía que no haya sido dramáticamente intervenida con la pluma de José Piñera: La seguridad social, la previsión, el código del trabajo, la minería, el agua, la sindicalización, la educación.
Guzmán se preocupó que nada cambiase y Piñera que mucho cambiase en aras de la consolidación del imperio de los menos sobre los más.
Pero toda consolidación es provisoria, eso lo saben los conservadores y pareciera ignorarlo los reformistas pues ven en cualquier cambio un triunfo en sí mismo.
Mientras la derecha busca salvaguardar sus intereses los reformistas acumulan sus menguadas fuerzas en mearles el asado y no a arrebatarles la carne, el carbón y el fuego.
Falta de respeto a la ley.
Cuando la ley es incumplida generalizadamente estamos ante un desuetudo, una derogación tácita de la ley, es preciso determinar cual es la consecuencia jurídica de determinados hechos o actos para saber cuál es el límite. No habría una afección a la seguridad jurídica, es decir, a la predecibilidad de las decisiones jurisdiccionales.
Sin embargo cuando la ley no se acata, sabiéndose claramente cual es, de modo habitual y sin que produzca como consecuencia la nulidad de dichos actos y la imposición de sanciones estamos frente a un caso de corrupción e impunidad.
Un tercer caso, intermedio a los señalados, tiene lugar cuando un cambio de institucionalidad origina, provisionalmente, un espacio difuso. Los nuevos límites se están probando y con ello las normas que fueron redactadas pueden pronto quedar reducidas a letra muerta.
Esto último es lo que pareciera ocurrir con la nueva justicia penal, la cual no puede alegar a su favor el estar en rodaje es llamativo que cada vez que fue requerida erró garrafalmente.
En todos los casos “emblemáticos” la nueva justicia mostró su falta de independencia frente a los poderes legítimos e ilegítimos, la incapacidad de seguir rigurosamente el razonamiento al que lo arrojaban las evidencias.
Esto cambió en los últimos meses con el caso bombas, en que los tribunales por primera vez en un proceso “emblemático” fallan conforme a derecho a pesar de las exigencias del poder político y los medios de comunicación. Era imprescindible que fuera en un rito, uno que dejara de manifiesto que los tribunales deben ceñirse a la ley y no a otras consideraciones, el mensaje debía escucharse fuerte y claro, entrar en los oídos de todos, indistintamente si quisieran o no escuchar. Gracias a esos actos soberanos la ley recién nace y la institución prevalece.
El paso de los tribunales ha sido decisivo, como un castillo de naipes han caído una serie de acusaciones, lindantes con la infamia, que había colectado el gobierno con la criminal anuencia del ministerio público.
Los tribunales al cumplir la ley han dejado en evidencia que el gobierno, las policías y el ministerio público se han acostumbrado a no hacerlo descansando en la actitud contemplativa y pusilánime estilada por los jueces hasta hace poco.
Los tribunales, al ejercer su mandato constitucional sin moderaciones ni vacilaciones, se han convertido, en los últimos meses, en un actor político clave. Sin embargo es imperativo que siga reconquistando el terreno que abandonara así como que asuma tareas que jamás hizo, a continuación un ejemplo.
Detención y desacato.
El ciudadano argentino Omar Labruna abandonó los tribunales después de celebrar un acuerdo reparatorio que lo libró de ser condenado por cohecho de dos funcionarios policiales, los carabineros ya habían sido dados de baja, se permitió comentar frente a los periodistas:
“Ha quedado demostrada mi inocencia”.
Es menester explicar que la condición necesaria de un acuerdo de este tipo es admitir responsabilidad en los hechos luego debe cumplir con las condiciones que él le exige.
Labruna se demoró menos de diez minutos en incumplir, tanto en la letra como en el espíritu, el acuerdo conseguido en una audiencia pública. Sus declaraciones se transformaron de inmediato en noticia nacional, es difícil que el juez de garantía que decidió la controversia o los fiscales asignados al caso no se enteraran que el director técnico de Colo Colo los había dejado en ridículo. Ninguna consecuencia le trajo sus declaraciones.
Hace unos cuantos días la policía de investigaciones, ahora llamada pretenciosamente PDI, secuestró a un escolar durante una jornada de protesta estudiantil. El juez que controló la detención increpó en duros términos a los funcionarios, que el modo de practicarla no era proporcional con la falta imputada (daños simples a la propiedad pública) y que parecían propios de una dictadura. Salvo la recriminación los policías no sufrieron ninguna consecuencia por sus reprobables actos, sus familiares tuvieron que presentar una querella para que se investigara1.
Los compañeros del escolar agredido marcharon hacia el centro de justicia en señal de apoyo al joven y de repudio a los hechos, carabineros reprimió con brutalidad la marcha pacífica, del modo habitual en que lo hace, la diferencia estriba en que jueces y fiscales por primera vez estuvieron obligados a ver algo que se les viene diciendo hace años, que no es aceptable que los funcionarios policiales usen a las manifestaciones como una excusa para golpear a todo lo que se mueve y para detener a quienes ejercen derechos constitucionales.
Carabineros agredieron a fiscales y a jueces como lo hacen con todo el mundo. De la decisión de este caso dependerá mucho en lo sucesivo.
Funcionarios de Carabineros e Investigaciones, avalados en todo momento por el ministerio público, se han dedicado por años a falsificar sus procedimientos ante la incapacidad de defenderlos dentro de la legalidad. Los jueces han mirado hacia otro lado.
Como consecuencia de ello se han organizado los fotógrafos, los camarógrafos, los manifestantes, para lidiar con la violencia cotidiana. Hasta se han constituido observadores de derechos humanos para controlar una violencia que hace mucho debiese haber cesado por orden directa del fiscal nacional y de los jueces.
La falta de un pronunciamiento judicial ejemplificador, para que quede claro a los ojos de todos, de los que quieran y no quieran ver, de qué es una detención y qué la diferencia de un secuestro ha propiciado una cultura de naturalización de la resistencia a la detención que no le beneficia a nadie.
Carabineros no debiera ser importunado por transeúntes cuando practica un procedimiento, y los detenidos debieran ser sancionados por la resistencia como una falta, como en casi todos los lugares del mundo: Resistencia al arresto.
Aquí estamos en el peor de los mundos, en vez que sancionarse a quienes se resisten o a los que obstaculizan el trabajo policial se ha naturalizado, junto con la resistencia generalizada, el sorteo de las penas del infierno, mediante argucias, a unos cuantos manifestantes por cada jornada de protesta. A ellos se los sanciona por “maltrato de obra a Carabineros”, un delito gravísimo. Piñera insta a que se aprueben leyes que extiendan los efectos del maltrato de obra a los improperios y que se agraven todas las sanciones ( Ley Hinzpeter ) en contra de los policías, actúen estos conforme o contra la ley.
Han sido los tribunales los que han permitido que todo esto suceda, un funcionario policial que detiene arbitrariamente debe ser sancionado de inmediato, un fiscal que avala un procedimiento ilegal debe también ser sancionado. Los jueces han permitido que se les mienta en sus narices y que la detención ilegal no produzca su efecto natural el cual no es que se consigne en una estadística sino que se ponga en libertad de modo inmediato y sin condiciones al detenido.
La detención ilegal no trae consecuencia alguna, el desacato de un particular, aún por los medios de comunicación, no trae consecuencia alguna, el desacato de un carabinero a una orden directa a quién controla constitucionalmente los procedimientos policiales (el fiscal) tampoco trae consecuencias.
Es hora que los jueces comiencen a sancionar de un modo público y ejemplificador a los que se alejan de la ley, y con mayor publicidad y rigor si es que se trata de funcionarios policiales y fiscales. Hasta la fecha hemos naturalizado la ley de la selva en el control de manifestaciones y multitudes. Esto hace cada vez más violentos los procedimientos puesto que el correlato es la naturalización de la resistencia a las detenciones.
Los tribunales deben precisar qué es una detención y qué es un secuestro, y sancionar el desacato con la mayor dureza. De no hacerlo el resistirse a balazos de los policías y fiscales se transformará en una opción aconsejable.

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