Violencia y Control Social

Noviembre ha sido un mes cargado de eventos noticiosos que han dejado en exposición la debacle argumental de una elite que abusa del micrófono, las cámaras y los estrados. Vamos por partes:

En este mes que aún no termina Francia concedió el asilo diplomático a Ricardo Palma Salamanca, ex miliciano del Frente Patriótico Manuel Rodriguez y del FPMR Autónomo, condenado por el homicidio de Jaime Guzmán; Méjico negó la extradición del “comandante Emilio” por estar el delito prescrito; el Estado de Chipre negó la extradición del multimillonario estafador Alberto Chang; Kevin Garrido fue asesinado en la cárcel estando bajo custodia del Estado Chileno y aún bajo prisión preventiva; Luis Gómez Guitterman, interrumpe una ceremonia Mapuche celebrada en una playa pública e intenta asesinar a quienes la celebran, el intendente Luis Mayol lo defiende a brazo partido por los medios; tres días después un pelotón militar acribilla a un comunero Mapuche que araba su campo, un menor de edad sobreviviente es torturado y luego se le imputan delitos inexistentes; el intendente Luis Mayol acusa a las víctimas de delitos que hasta ahora no se puede acreditar su existencia, justificando la acción de las policías en un procedimiento iniciado hace horas y a varios kilómetros del lugar del asesinato. Piñera, mediante tuiter, respalda a Carabineros y fustiga a quienes dudan de sus procedimientos, lo propio hace el vicepresidente Andrés Chadwick y la vocera de gobierno Cecilia Pérez. Esta última llega aún más lejos con sus afirmaciones luego de visitar Temuco y los cuarteles del destacamento militar desplegado en la zona.

Piñera en sus exaltados tuiteos exige la designación de un fiscal especial que investigue lo ocurrido, tal exigencia carece de fundamento legal y constitucional, es más, vulnera expresamente los artículos 6, 7, 32 y 83 de la Constitución Política del Estado.

El ministerio público, a las pocas horas de ocurridos los hechos, le resta credibilidad a la versión oficial y omite referirse al inconstitucional llamado del Presidente Piñera ¿De qué manera lo hace? A primera hora del jueves 15 de noviembre anuncia que ha designado a dos fiscales con dedicación exclusiva, uno para el “supuesto robo” que motivó la acción de un ejercito desplegado en la zona; el otro para investigar el asesinato de Camilo Catrillanca.

Dejemos constancia que sólo hecho que se encuentre un ejército desplegado en la zona, con armamento de guerra, sin existir guerra, realizando acciones de manera autónoma, sin la dirección del ministerio público quien es el órgano que dirige las acciones policiales, es un atentado a las bases de nuestra institucionalidad, “la mayor violación de los derechos humanos es la guerra” diría el Jurista Camilo Zolo, y el peor crimen de guerra es hacerla sin declararla. La mera existencia del comando Jungla atenta contra los convenios de Ginebra y los estatutos de Roma, amen de todas las normas esenciales sobre derechos humanos. NO ES UNA POLICÍA, su función no se corresponde con la de investigar la existencia de delitos y controlar el orden público, sino que pretende la ocupación territorial, el desplazamiento de civiles y el exterminio. No sabemos si es financiada en su totalidad por el Estado, quedan serias dudas que estemos ante una organización paramilitar financiada por el grupo Matte, Angelini y Carey, quienes son los que controlan la explotación forestal chilena.

El ministerio público separó la investigación y con ello dejó establecido una verdad jurídica, que la existencia del robo, si es que se llega a comprobar su existencia, NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON EL ASESINATO DE CATRILLANCA. Eso ya estaba establecido por el órgano competente a las pocas horas de asesinado el comunero.

Sin embargo el fiscal que investigaba el supuesto robo de todos modos imputó el delito no relacionado al único testigo, a un menor sobreviviente que además había sido torturado. Este fiscal quiso imputar el delito de receptación de vehículos AL ÚNICO TESTIGO DEL ASESINATO.

Lo más grave de dicha situación es que NO EXISTÍAN NI LOS VEHÍCULOS, NI LAS VÍCTIMAS NI EL ROBO. Eso quedó acreditado luego de la audiencia celebrada 24 horas después del asesinato.

Mención aparte para la jueza de Garantía de Ercilla que se hizo presente en el lugar de la detención del menor de edad a instancias del INDH, la defensora de la niñez y abogados defensores de DDHH; ella también se apersonó en lugar de los hechos por lo tanto la inexistencia de los vehículos y del robo es algo que quedó constatado más allá de toda duda. La jueza de Garantía tuvo un rol activo, no se limitó a dirigir la audiencia, la inexistencia del robo no es una mera leguleyada causada por no entregar algún documento timbrado y sellado, es un hecho corroborado.

El viernes el gobierno trató de moderar su versión oficial, cuestión muy difícil ya que el jueves la vocera Cecilia Pérez ahondó en la herida viajando a Temuco y realizando todo tipo de declaraciones imprudentes y que carecían de respaldo factual. Por su parte Mayol, se dio una voltereta en el aire, afirmando lo contrario a lo que había dicho el miércoles y terminando la rueda de prensa con un patronal “no renunciaré porque cuento con la confianza del presidente”.

La prensa tenía todos los antecedentes la noche del miércoles sin embargo optó por mentir, maquinar y montar. Daniel Matamala viajó a la zona, apostando a su credibilidad. Dejó la tranquilidad de Ñuñoa, y Chicago, y apenas llegó se encontró con un vehículo quemado que transmitió en vivo y en directo. Luego entrevistó a una testigo sin rostro, protagonista de un ROBO QUE NO OCURRIÓ.

Luis Mayol el domingo 11 de noviembre, luego del intento de homicidio perpetrado por Luis Gómez Guitterman declaró “yo soy abogado, no me referiré a un hecho que está siendo investigado por los tribunales, pero le puedo asegurar que el señor (Gomez) Guitterman es un honesto empresario turístico que cuenta con derecho a portar armas y es dueño de esa playa”. Mayol fue el ministro de agricultura del primer gobierno de Piñera, antes fue candidato, perdió, a senador por la región de O'higgins. Como abogado debería saber que las investigaciones no las efectúan los tribunales sino que el ministerio público, y si pretende respetar la separación de poderes (y los artículos 6 y 7 de la constitución política) no puede opinar sobre asuntos radicados ni en el ministerio público ni en los tribunales. La prensa desplegada en dicha infame entrevista a Mayol fue incapaz de corregir al “abogado” y devolverle, “señor, usted dice que no puede hablar y lo está haciendo, pero cuando habla se limita a defender al imputado y con ello desmerece la versión de las víctimas.” Ningún periodista lo hizo, nadie se lo recriminó. Para la galería de la infamia está la declaración de la Armada de Chile que descartó que el Gomez Guitterman, a quien Mayol llamó sólo por su apellido materno, tuviera un derecho de concesión sobre esa playa pública por lo que el ministerio público debiera formalizarlo por intento de homicidio, porte ilegal de armas e interrupción de ceremonia sagrada (delitos relativos al ejercicio de los cultos permitidos en la república).

Mientras esta comedia negra sigue contándose ha quedado eclipsado el hecho de que aún el tribunal Francés competente no se pronuncia sobre la extradición del Ricardo Palma Salamanca. Piñera ha reaccionado de los modos más inapropiados y ante las autoridades incompetentes de este país para intentar revocar el asilo político que ya está concedido. De todos modos el tribunal Francés podría dictaminar que se da lugar a la extradición, lo que ocurre es que al ser asilado tal resolución no tendría efecto alguno. Lo vergonzoso del asunto es que estando así las cosas el tribunal Francés, junto con desestimar la extradición del asilado Palma Salamanca por las razones que ya se dieron en Mejico en el caso de Emilio (no se puede acreditar cuando salieron de Chile por lo que no se pueden contar el año por cada dos de prescripción que convenientemente computó la justicia chilena en su requerimiento internacional), sino que además podría señalar que Chile no cumple con el debido proceso ya que un importante imputado por un caso de connotación pública fue asesinado mientras estaba custodiado por el Estado (Kevin Garrido) y además existe una guerra sucia desatada en la Araucanía que cobra muertos y a los cuales el ministerio público ni el poder judicial se encuentran inmunes a su espiral de corrupción.