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lunes, 16 de junio de 2008

Desde los eufemismos de la ministra hasta Peña cuadrando el círculo.


La ministra de educación sigue haciendo gala de su mala educación esta vez con unas declaraciones que hubieran ruborizado a Francisco Javier Cuadra: No hay paro, hay una una jornada de reflexión. Por su parte el alcalde de comuna de la Florida, Pablo Zalaquett, en su calidad de presidente de la comisión de educación de la asociación chilena de municipalidades, dice que él en su comuna habría echado al presidente del colegio de profesores y que dudaba si era capaz de aprobar la prueba de selección universitaria. El domingo Carlos Peña, en su tribuna en el diario el Mercurio, se paseó impunemente desde Wittgenstein hasta Habermas para defender su posición interesada de representante de una universidad privada.

Lo dicho por la ministra es impresentable debido a que el mismo Zalaquett, opositor furibundo y destemplado al movimiento, reconocía que el paro alcanzaba al 70%. Toda política comunicacional debe tener una relación con la realidad; mentir y mentir, pues algo queda, es un método desacreditado y en este caso descalifica a la ministra entorpeciendo que pueda arbitrar una solución. El gobierno sin presentar una solución al problema además colabora transformándose en parte esencial del problema.

Zalaquett no es el ciudadano más indicado como para intervenir en un debate como este; Fuera de su simpatía no exhibe ningún otro mérito para administrar su municipio. Al descalificar a los profesores les ha reforzado su propio argumento: Es tal la crisis en la educación en Chile que sujetos como Zalaquett pueden llegar a la cúspide en las políticas educacionales.

Carlos Peña, que participó en la comisión presidencial de educación, sostiene que el lenguaje es necesariamente público y por ende la educación también, entonces es irrelevante que tal tarea la desempeñe una institución pública o privada. Sostiene además que se debe regular el sistema educativo definiendo sus rasgos centrales. Sus reflexiones son bastante superficiales ya que soslaya que si se define a lo público desde los bienes comunes ha elegido el argumento más débil ya que hoy alguien puede hacerse propietario de comunes tales como el código genético; la industria del software sería casi incomprensible sin la apropiación de sistemas de comunicación altamente complejos (según él públicos); además evita reconocer su interés directo en la discusión, con lo cual instrumentaliza las reflexiones de algunos notables sobre lugares comunes para desviar la atención. En suma su argumento es sobre la irrelevancia de distinguir entre lo público y lo privado pero al utilizar una concepción tanto laxa como superficial impide distinguir entre ambos.

Los profesores, y los grupos que se han asociado con ellos, consideran que el estado debe garantizar una educación pública de calidad. A esto se deben hacer las siguientes consideraciones: Primero, nuevamente se comete el error de discutir sobre una ley olvidando que lo relevante es la institucionalidad que esta crea que pasa más por la voluntad de ejecutarla en su debido momento y forma, sin esa voluntad la ley es letra muerta y el trabajo empleado en que se apruebe tal como uno quiere es una pérdida de tiempo; Segundo, la opción por la educación de calidad de todos los habitantes de nuestro territorio es una decisión mucho más profunda de lo que se quiere presentar, consiste en girar en ciento ochenta grados el sistema económico y político del país; Tercero, la expresión de los legítimos intereses de los profesores no necesariamente van dirigidos a mejorar la calidad en la educación sino que en mantener su situación tal cual y en lo posible mejorarla.

La aprobación o desaprobación de la ley general de educación este miércoles no va variar en nada la situación actual; tampoco una que agregue a la fuerza un inciso segundo que diga “el estado garantiza una educación pública de calidad”. La solución se conoce hace mucho tiempo y el gobierno lo único que quiere es pasar el temporal sin cambiar el rumbo.

Una educación pública de calidad no consiste solamente en respetar al gremio de los profesores y mejorar su situación desde lo que ya tienen sino que invertir ingentes recursos en los más niños pobres, digo invertir no gastar, para que estos luego con sus conocimientos produzcan riquezas suficientes para que Chile se pueda decir con propiedad un país desarrollado. La mezquindad de nuestras autoridades y de nuestra clase dirigente permite dudar de sus intenciones de mejorar la educación, y calificarla como una retórica destinada a desmovilizar al disenso y en caso extremo a su criminalización. Todo se trata de ganar tiempo, que la lluvia o los exámenes rompan todo, y que luego el mercado obligue a cada uno a vender su alma por el menor precio de modo que el fundo se mantenga silente, conforme y controlado.

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