Violencia y Control Social

Notas sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

La teoría sobre la violencia y el control nos enseña que la violencia y la criminalización son los modos de comunicación posibles entre personas con distinto poder en una agrupación humana jerarquizada. La criminalización es un complejo fáctico e ideológico que consiste en el castigo y la legitimación de este. Quienes se sirven de la criminalización son las personas o los grupos jerarquicamente superiores al inferir daño a los grupos inferiores. Lo que ocurre es que al no poder producirse una acción comunicativa habermasiana todas las relaciones son violentas, física o psíquicamente. Quienes no disponen de recursos ideológicos, jerarquizados al igual que todos los bienes o riquezas, no pueden legitimar su acción y por lo tanto se la define como delito, crimen, locura, improperio, desatino, en definitivas violencia a secas. No existe una diferencia ni en la acción ni en el motivo o motivación de ésta; no existe un precedente moral para que una acción sea definida violenta o violenta legítima, sólo difiere en los recursos ideológicos que se disponen para legitimar la acción.

La aplicación de este marco teórico, sin caer el el abismo del dogmatismo, nos permite esbozar una serie de consecuencias. Una de las que aparece de manifiesto es que la aplicación de cualquier sanción criminal, la quinta esencia de la violencia legítima, proviene de una decisión de una cúpula con suficiente poder para criminalizar y es aplicada hacia alguien que carece de poder o que es inferior a quien lo criminaliza. La comisión o no delitos es irrelevante pues no se castiga a todos los que incurren en esas conductas ni todos los que se castigan es por dicha comisión.

La pregunta es ¿porqué todo ha de ser distinto si es que utilizamos a los DD.HH como recurso criminalizador?

Es una pregunta inoportuna, de aquellas que nadie se quiere hacer ni menos contestar.

Como los grupos radicales, antisistémicos y o de izquierda han sido históricamente víctimas de las violaciones a los DD.HH que de pronto se comience a revisar las acciones que se pensaba instituidas por obra y gracia de la prescripción, es considerado por éstos como un avance.

Sin embargo Raul Zaffaroni, en los tiempos que era un criminólogo crítico, cuando presenta el texto “decriminalización en Europa” de Chiaffardi, dice “las herramientas de tormento que utilizan las dictaduras son creadas en democracia y la única innovación de éstas es dirigir la violencia estatal legítima en contra de otros grupos”. Los métodos de persecución política, y de inteligencia, que utilizaron las dictaduras latinoamericanas no fueron radicalmente distintas a las que ya se aplicaban en contra de los pobres so pretexto de la defensa social. No existe ningún cómputo sobre cuantos chilenos fallecían producto de la violencia policial antes de dictadura pero sí sabemos cuántas sucumbieron ante Pinochet. Los cálculos pos dictatorales nos muestran que al menos durante la vigencia del sistema penal inquisitivo la muerte siguió siendo la tendencia. La diferencia la concedían los grupos de “defensa de los DD.HH” que legitimaban esa violencia al llamarla democrática pues lo que importaba era vengar las muertes de la dictadura.

En los últimos años, gracias a la reforma procesal penal, gran parte de la violencia física con resultado de muerte ha derivado en violencia psíquica lo que ha sociabilizado el tormento mediante la consolidación de una sociedad aún más autoritaria. Los grupos de DD.HH por su parte siguen considerando que los cuarentitantos mil presos que hay en Chile incluyendo niños, lo están por que se lo buscaron. Culpables de algo serán, dicen. La única violencia que se constata es aquella que se dirige en contra de los manifestantes siempre y cuando éstos sean los de su bando. La represión que las policías aplican en contra de los “delincuentes” la consideran legítima y deseable ya que el ser activistas de DD.HH los hace de todos modos blanco del lumpen que acecha las poblaciones.

Esa impostura es lo que hace posible que los “defensores de los DD.HH aplaudan cada vez que la correlación de fuerzas deja a los patriotas de antes convertidos en torturadores. Si se consigue encarcelarlos, pues por desgracia ya se ha derogado la pena de muerte, tal situación no se la visualiza como un cambio en la dinámica que un día los llevó al tormento y como parte de la reproducción de esas mismas prácticas.

Cada vez que le exigen al estado que castigue a los culpables se lo refuerza física o idelógicamente haciéndolo cada vez más inabordable para los grupos radicales, antisistémicos o de izquierda que dicen defender.