Violencia y Control Social

Las razones tras la consolidación del fascismo en Chile.

"Primero vinieron a buscar a los comunistas,y yo no dije nada porque yo no era un comunista. Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. Luego vinieron por los obreros, y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. Luego vinieron a buscar a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Y cuando finalmente vinieron por mí no quedaba nadie para protestar."

Martin Niemoller

El asesinato a sangre fría de un joven manifestante en la araucanía, el abuso a menores perpetrado por la prensa y la justicia al presentarlos como delincuentes, el récord mundial en encarcelamiento, los “sorpresivos hallazgos en viviendas “ocupas” y la criminalización legalizada a la protesta pública son testimonio elocuente de lo que algunos han denominado aumento de represividad del Estado chileno. Esta lista no es exhaustiva, estos hechos reseñados someramente - pues existen muchos otros y cada uno de los cuales entraña escabrosos detalles -, no son políticas públicas aplicadas de la noche a la mañana por el gobierno de Bachelet; son consecuencia de un arduo proceso principiado en los albores de los noventa y del cual todos hemos sido responsables.

Quien quiera leer algún panfleto dedicado a lamentar el actual estado de cosas, o exigir libertad para un sujeto o para un grupo en particular, o exhortaciones metafísicas que concluyan con consignas “juicio y castigo”, no les recomiendo el presente texto pues la finalidad del mismo no es ni la catarsis ni el autoconsuelo. Urge comprender las causas que llevaron a que nuestro país sea una democracia en que las libertades públicas sean más escasas y débiles que en cualquier dictadura conocida. Como dijo alguien por ahí, en Chile no habría podido existir una manifestación como la de Tian'anmen pues habría sido disuelta de inmediato. Lo anterior no es, desgraciadamente, ni humor ni exageración.

Cuando se llevaron preso al flaite no dijimos ni hicimos nada.

El flaite es el sucesor natural del punga así como éste lo es del roto, gañán, vago y mal entretenido. Distintos términos para el mismo sujeto el cual alguna sociología de moda hoy describe como alguien del cual el sistema no puede hacer ningún uso económico ni político.

A nadie le molestaba que los persiguieran, cazaran, ni que se los encerrara en lóbregas mazmorras. Tanto para Salvador Allende Gossens, ministro de salud de Pedro Aguirre Cerda, como para Alberto Hurtado Cruchaga - ambos considerados santos por buena parte de los ciudadanos-, la delincuencia era una cuestión de higiene pública que debía ser erradicada como la tuberculosis. Los pobres, para ambos, eran personas desdichadas; a algunos de ellos las circunstancias los habían arrojado a enfrentarse a la sociedad. Tanto Allende como Hurtado, uno desde el socialismo otro desde el reformismo católico, consideraban a la delincuencia una fatalidad dentro de un sistema injusto por lo que no les parecía un asunto en sí mismo sino que una manifestación de la degradación que produce en el hombre la miseria. Para dos de los personajes más influyentes de nuestro país en el siglo XX, y de la actualidad, la delincuencia no era distinta a lo que la concebía Diego Portales, Augusto Pinochet, Ricardo Lagos, y en la actualidad Michelle Bachelet. Sólo una docena de anarquistas opinaban en contrario; el resto del país se cuadraba tras la idea de que los malos eran enemigos tanto del capitalismo, como del cristianismo y el socialismo.

Hasta ahora la denominación de “prisionero político”, ocupada en nuestro país por razones obvias por la izquierda, está teñida por la distinción entre lumpen y proletariado. Por diversas argucias se pretende la construcción o la consolidación de estatutos, es decir cuerpos orgánicos y sistemáticos de privilegios [1], que permitan la realización de la distinción entre preso político y común. Sin embargo esta opción es peligrosa pues se ha desplegado una tendencia mundial en sobrecriminalizar, tanto al político como al común, pero impidiendo la vigencia de las garantías procesales al político mediante la argucia de la “guerra antiterrorista”. La existencia de tipos penales destinados a criminalizar a manifestantes, como la de porte o confección de molotov, hace contraproducente la distinción entre políticos y delincuentes sin embargo aún prospera.

Gran parte de la izquierda considera que la realización de actos políticos, por muy deleznables que sean, por más sea el daño que provoquen a terceros, son buenos en sí mismos y por lo tanto no pueden, bajo ninguna circunstancia ser considerados delitos. Tal afirmación es una muestra palmaria de la superficial comprensión del mundo que pretenden transformar puesto que un delito no es un acto malo por sí mismo como tampoco un acto bueno deja de ser delito por tal condición. Un delito es una herramienta jurídico social usada por el Estado para el cumplimiento de sus finalidades por lo que lo “bueno” y lo “malo” es visto desde la óptica de los gobernantes. De este modo es delito hurtar carne en un supermercado y no lo es robar centenares de miles de millones de dólares en recursos minerales, pesqueros y forestales no renovables. Visto de ese modo tanto el preso por luchar por un mundo mejor como aquel forzado a sobrevivir en el mundo tal cual es se encuentran, a pesar de los lamentos de muchos, en la misma vereda. Algunos querrán construir el muro de la toma de consciencia para separar a ambos mundos pero esto no deja de ser una táctica privada destinada a soportar un clasismo reprimido, al final del día ambos son delincuentes. Y como ambos son delincuentes es la misma máquina la que los persigue, los enjuicia y los encarcela, no siempre en el mismo orden; por lo tanto cuando a principios de los noventa se inició una razzia en contra de los “terroristas” pronto ésta alcanzó a los “delincuentes” y luego el proceso se revirtió.

Hoy el monstruo creado es de tal entidad que persigue en tándem tanto a rateros y papelilleros como a cualquiera que ose cuestionar las bases del sistema. Todos son tratados como delincuentes, con una brutal y cínica igualdad ante la ley. Las herramientas excepcionales de principios de los noventa se institucionalizaron y ante el silencio, la desidia, la indolencia y la monumental ignorancia de muchos líderes de izquierda, transversalmente se bogó para dotar de mayor poder al Estado en su persecución a los delincuentes.

La izquierda desde los noventa exige el juicio y castigo de los responsables de las violaciones a los DDHH y algunos creen ver en las garantías procesales un flanco mediante el cual los asesinos de la dictadura pudieran escabullirse. No sólo eso, los abogados de izquierda de los noventa se especializaron en la persecución criminal pues se hacía, paradojalmente, un uso criminalizador de los DDHH. Ambas cuestiones coadyuvaron para que la reforma procesal penal se borrara de su agenda permitiendo que no se comprendieran las consecuencias últimas de su implementación. Nuestros dirigentes de izquierda creían, y creen muchos de ellos, que el combate a la delincuencia es una cuestión técnica tal cual lo podría ser el aseo y ornato de una comuna, algo en que no pueden existir dos opiniones. Eso es una manifestación de lo que majaderamente he denunciado; el estado de quiebra de la doctrina de izquierda.

No podía existir algo más obvio que un aumento de la represión tarde o temprano iba a amordazar a la izquierda, sin embargo nadie lo vio venir. Hoy se rasgan vestiduras por la consolidación de un sistema represivo que mediante una metódica omisión se permitió que se institucionalizara.

El derecho criminal actúa en contra de los más débiles, y los movimientos sociales son grupos débiles y sus líderes vulnerables. Si los movimientos no fueran débiles es porque habrían triunfado y serían gobierno o se trataría de grupos de interés, gremios o como se denomina aquí, erróneamente, "poderes fácticos"[2]. Tal cual las jaurías dispersan a las manadas y luego cazan a los más débiles, el sistema penal no es otra cosa que un poder físico y simbólico que supera el de muchos individuos pero no el de todos. Existen personas más allá del derecho penal, sujetos intocables; y del mismo modo lo normal es que sólo los pobres y vulnerables sean castigados por sus actos o por los cargos que ha confeccionado la fiscalía.

Se supone que la izquierda está en el lado de los débiles y también de los que luchan. Haber mirado para el costado mientras se le declaraba una guerra a los flaites en los noventa comenzó a redituar nefastas consecuencias desde principios del nuevo milenio pues para el poder instituido nosotros y los flaites somos iguales: Sujetos antisociales, inconformes, toneladas de basura humana de la cual es preciso deshacerse para encaminarse al progreso engominado y bienportado.

A la izquierda se le olvidó que los tribunales, las policías, el legislativo y el ejército son órganos del Estado, y éste, de la clase dominante. A ese Estado se le exigió justicia por los crímenes que cometió para consolidar su poder y mientras eso ocurría la clase dominante, a plena luz del día, reconstruía el sistema de dominación para evitar a toda costa ser llevado a un nuevo 73' sobre la base de reprimir cualquier atisbo de disenso. Tal cual lo decía Raúl Zaffaroni, en los tiempos en que era criminólogo crítico, “las dictaduras no deben crear ningún sistema de tormento que no haya implementado ya la democracia; sólo le basta dirigir el peso del sistema penal a un sujeto distinto”[3]. Desde luego, el sistema llama delincuentes a los políticos opositores como puede llamar políticos opositores a los delincuentes; para quienes estamos en la vereda contraria luchar en contra del sistema penal no es una siutiquería es un asunto de vida o muerte, o de libertad o cárcel.

Cuando se llevaron preso a Lavandero tampoco dijimos ni hicimos nada.

El caso Lavandero, a contrapelo de lo que digan unos y quieran otros, está lejos de haber concluido. El ex senador ha emprendido una poderosa campaña de denuncia y vindicación la cual ha sido silenciada, era que no, por los medios oficiales. Si sus afirmaciones son falsas no entiendo como Xavier Armendariz, fiscal estrella del ministerio público, no se ha querellado en su contra. Lo menos que ha dicho de él es que ha prevaricado. El ex senador lo acusa tanto de falsificar pruebas como de sobornar a su propio abogado defensor y hasta la omisión de denuncia de hechos más graves que los imputados y que conoció durante la investigación.

Me parece que en este caso aún queda mucho por conocer; está recién comenzando. Por lo tanto no adelantaré juicios ni en uno ni en otro sentido. Lo que sí está claro es que al ex senador se le vulneraron todas y cada unas de sus garantías procesales. Nuestra “flamante” reforma procesal penal se ha transformado, a nuestra vista y paciencia, en un costoso mecanismo de impartir escarnio e injusticia. Es normal que lo que le ocurrió a Lavandero le suceda a cientos de imputados en un día; lo que debe ser relevado es que Jorge Lavandero no era un ciudadano cualquiera y aún así no pudo hacer nada para impedir ser madrugado por un sistema corrupto hasta el tuétano. Es normal que el perro muerda al amo más no que el amo muerda al perro; es normal que al pato malo lo defienda un abogado de oficio que le hará más mal que bien pero eso no ocurre con los senadores. Es más, desde la implementación de la reforma procesal penal Jorge Lavandero es el único poderoso que ha sido condenado. Otra coincidencia es que haya sido el único, dentro de los poderosos imputados[4], que contaba con un nutrido grupo de enemigos, tanto y más poderosos que él.

Desde que Lavandero fue condenado la reforma procesal penal dejó de ser una promisoria herramienta destinada a revertir el bicentenario modelo de judicatura autoritaria para convertirse en la continuación espiritual de la misma. Me pregunto si un poderoso político puede ser condenado sin pruebas que lo inculpen y sin mediar un debido proceso ¿Qué queda para uno?

¿Quién me defenderá cuando producto de estas crónicas me vengan a buscar a la casa y digan que me robé un semáforo o que me vieron traficando bicarbonato? ¿O que tengo municiones de guerra en un barretín como les ha reprochado a unos ocupas?

Puesto que nadie dijo nada, ni hizo nada, pese a que es vox populi en muchos círculos que el ex senador fue ejecutado por las mineras nacionales e internacionales, el poder del Estado dio otro paso, uno significativo, en provecho de la clase dominante y en perjuicio nuestro. Desde ese día está claro que nada limita la ambición de algunos, y que nadie, pese a su poder, puede sustraerse de ser considerado delincuente si le pisa los callos al macroempresariado.

Cuando se llevaron preso a los Mapuches tampoco dijimos ni hicimos nada.

Palabras más, palabras menos, cuando se llevaron detenido al mapuche tampoco hicimos ni dijimos nada. Es verdad que existe más consciencia y conocimiento de estos hechos, lo que fomenta la movilización. Aunque muchas veces se defienda la causa mapuche por motivos errados[5] de todos modos la denuncia de las violaciones a los derechos humanos nunca lo va a ser.

La muerte de Jaime Mendoza Collío no es el punto de inflexión, tampoco lo fue la de Matias Catrileo. Esta historia no comenzó cuando Rodrigo de Triana gritó “tierra a la vista” sino que cuando Juan Agustín Figueroa, abogado millonario progre, director de la fundación Neruda, exigió que se reprimiera a sus vecinos indios al costo que fuera. El gobierno de Ricardo Lagos, siempre llano a ese tipo de sugerencias, no se hizo esperar. La militarización de la araucanía, los montajes policiales y judiciales, comenzaron en ese momento.

Nosotros no dijimos ni hicimos nada.

Ahora, que la sangre llegó al río, cuando el único modo de que Bachelet sea más momia es colocarle unos lentes oscuros, reclamar por la escalada represiva, como si fuera un hecho reciente, me parece hipócrita. Viniendo de algunos que con sus acciones y omisiones han permitido que esto suceda me parece no sólo inoportuno sino que indecente. Es preciso un mea culpa de todos quienes han posibilitado que nuestro país haya pasado desde una democracia tutelada a un fascismo internacionalsocialista; al menos den un paso al costado u ofrezcan sendas explicaciones antes de convocar a nuevas manifestaciones públicas en las cuales otros, los mismos de siempre, serán la carne de cañón.

La prohibición de las manifestaciones públicas que ha emprendido Bachelet no es más que la legalización de una situación de facto. Lo grave aquí es que se dejó avanzar demasiado al enemigo y hoy estamos sitiados. La estrategia de resistencia ya no pasa por denunciar pues ahora vienen por nosotros, por los pocos que quedamos, y nadie quedará para decir o hacer algo.

Es preciso unirse, crecer por dentro, hacernos sólidos pues de lo contrario no podremos contraatacar. La justicia dará aspirinas, tal cual con Matías Catrileo, esperar algo de ella es tan fútil como exigir sobriedad a un cantinero.

Lo único sensato es instar por la unidad y por el crecimiento, y apostar, aunque sea una cuestión desdeñada por provisional, al activismo jurídico, judicial y legislativo para comenzar a desmontar la máquina que construimos con acciones y omisiones. Pues con ella a penas es posible sostener una vida sensata, menos es posible bogar por un mundo mejor cuando con suerte las energías bastan para eludir la cárcel.

Notas.

[1] Un privilegio es una norma particular. Se opone a la ley que es una norma de aplicación general que obliga a gobernantes y gobernados. Un ejemplo de privilegio es el fuero que cuentan las fuerzas armadas por sus delitos en tiempos de paz lo que incluye a Carabineros.

[2] Se adjudica a Andrés Allamand el término “poderes fácticos”, en sinonimia a "enclaves autoritarios", pero hoy se usa en un sentido amplio. Es erróneo hacerlo pues siempre supone una distinción entre poder de iure y de facto, es decir, poder legal y poder desnudo de legalidad. Ello soslaya lo sencillo que es, técnica y políticamente, revestir de legalidad a los hechos. Si se cuenta con el poder y una de sus facetas es crear derecho y decir el derecho, legalizar un poder de facto es tan sencillo como confeccionar una serie de documentos. Por ende, aún los reclamos de los dogmáticos iusnaturalistas, el acto político constituyente se basta a sí mismo y lo bueno y malo será de acuerdo a la valoración del poderoso. Si queremos distinguir entre poder de facto y poder legítimo, por otra parte, olvidamos que así como es sencillo legalizar a los hechos también lo es el legitimarlos. El consentimiento, o más bien el asentimiento, se produce, se fabrica. El único ingrediente que se precisa es el poder.

[3] En el prólogo al informe europeo sobre decriminalización traducido por Ciafardi.

[4] En la nueva justicia han desfilado Laura Soto, Rodrigo Gonzalez, Guido Girardi, Amelia Herrera, entre otros distinguidos ciudadanos.

[5] Se tiende a identificar a los movimientos etnicistas con los anticapitalistas, y a éstos con un sentido positivo de lo antisistémico. Las reivindicaciones de los indígenas no siempre son superaciones del capitalismo; no todos los indígenas son zapatistas. Existe una delgada linea entre el etnicismo y el nacionalismo esencialista, fuente ilimitada de divisionismo. El pueblo mapuche, además, no era un grupo cazador-recolector a la llegada de los españoles; se trataba de una sociedad sedentaria, circunscrita, estratificada y con profundas desigualdades. Aún así su causa es en gran parte justa y la defiendo, más ahora cuando sufren, pero eso no significa apostar por un esencialismo original mítico, impostar su cosmovisión, ni menos obviar cuánto del mundo que detesto mora en sus comunidades.