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jueves, 11 de marzo de 2010


Lo urgente y lo importante.

Por Ariel Zúñiga Núñez


Sebastián Piñera asume la primera magistratura del país y la ceremonia es ambientada con cuatro sismos consecutivos que calificarían en cualquier lugar como terremoto. Dos de ellos fueron superiores en magnitud a los devastadores movimientos telúricos de Turquía y Taiwan; mientras que uno empató con el de Haiti.

Qué duda cabe que nuestro país es el más sísmico del mundo. Infinidad de testimonios y anécdotas de extranjeros se refieren a ello. El más conocido es el relato de Darwin que en Concepción sufrió un sismo y posterior tsunami de la misma intensidad que el del 27 de febrero; o el de la selección de tenis de copa Davis de Suecia, encabezada por Stefan Edberg, en 1985. En esta última ocasión los tenistas escaparon del país importandoles un bledo si su huída los descalificaba.

Hace unos pocos minutos en el congreso pleno de la ciudad de Valparaíso, atiborrado de autoridades nacionales, dignatarios extranjeros y periodistas, se celebraba el cambio de mando de Bachelet a Piñera, cuatro terremotos en media hora casi frustran el rito.

El primer temblor, el mayor de todos, llevó a las autoridades competentes (SHOA) a decretar una alarma de tsunami desde la V a la X región, Valparaíso incluido. Es decir, el congreso nacional debería haber sido evacuado y los dignatarios conducidos a un lugar alto (el congreso nacional se encuentra a pocas cuadras de la ribera y a muy pocos metros sobre el nivel del mar).

Hace algún tiempo una solicitud para instalar letreros en el borde costero que indicaran la dirección de evacuación y las zonas seguras e inseguras en caso de tsunami, fue rechazada porque podía afectar el turismo. En nuestro país siempre existe una buena excusa para mentir o para mentirnos; mientras el congreso nacional se zamarreaba todas las autoridades, literalmente todas, miraron para el costado, como si la estructura debiera necesariamente protegerlos o la naturaleza limitarse por deferencia a ellos.

¿Igualdad ante la ley?

Se supone que todos, tanto gobernantes como gobernados, estamos obligados por las leyes. La ley se presume conocida por todos, nadie puede alegar su ignorancia como motivo para su incumplimiento.

Frases repujadas en bronce, sin embargo, son sólo mitos del derecho que nos hace olvidar su contingencia, su vinculación con el poder, su determinación por los hechos. En Chile, desde luego, esa característica mitológica es aún más ostensible, por ejemplo, la alerta de tsunami regía para todos los habitantes del país MENOS PARA LAS AUTORIDADES. Y peor, ellas, consientes de su impunidad ante la ley requerían de información adicional para actuar o del consejo de sus asesores. Nuevamente el colapso de las lineas telefónicas los dejó al margen de la legalidad.

Y si de mitos legales se trata el de la presunción de conocimiento de la ley es el más burdo de todos. En primer lugar, dado nuestro mediocre sistema educativo en todos sus niveles, son muy pocos los abogados que conocen las leyes que nos rigen por ende, casi no hay ciudadanos que sean gobernados por normas que conozcan.

Nuestras autoridades han desempolvado una ley dictada en los sesenta durante un estado excepcional, la de terremotos *.

Es preciso recordar que gran parte de las leyes que nos rigen, con la notable excepción de las creadas en los últimos veinte años, se han promulgado durante estados constituciones extraordinarios, momentos en que los congresistas delegaban su representatividad en el presidente. Leyes extrañas, en mayor medida desconocidas, y redactadas en la oscuridad, entre gallos y medianoche.

La ley de terremotos castiga el aumento de precios desmedidos a los productos básicos. Lo extraño comienza cuando pensamos que en los tiempos en que se dictó la norma no regía la libertad de precios a rajatabla que prescribe la constitución de Lagos-Pinochet. De hecho existía una repartición pública, la DIRINCO, encargada de supervisar el respeto a los precios máximos. Burocráticamente el SERNAC es el sucesor de la DIRINCO pero no le fueron legadas ninguna de sus atribuciones. Quién vende un huevo a mil pesos comete una acción deleznable pero si el gobierno quiere castigarlo me parece que está forzando las cosas.

En primer lugar, esta ley de terremotos es un conejo que acaban de sacar del sombrero. Quizá sólo uno de los burócratas del palacio de gobierno se acordaba que existía. En segundo lugar, la desigualdad ante la ley entre gobernantes y gobernados, es decir, el principio fundacional de la tiranía, se refuerza cada vez que las autoridades no se dan aludidas por los mandatos generales o cuando ellas hacen de sus caprichos o urgencias del momento, magicamente, normas que les permiten hacer lo que quieran cuando quieran.

La reacción en contra de los saqueadores es desmedida y al mismo tiempo coherente con el abuso generalizado que pongo de manifiesto. Me pregunto si secarlos en la cárcel evitará que en cincuenta años, para en el próximo mega terremoto seguido de tsunami, todos se abstengan de conductas antisociales. En un país en que la norma es vivir ajenos a los hechos y en plena ignorancia del pasado no veo qué función pueda cumplir la mano dura salvo satisfacer la sed de venganza sádica de nuestras autoridades.

Lo urgente y lo importante.

George Orwell, el gran escritor anarquista británico, puso su pluma y todo su talento al servicio del imperio que siempre combatió, durante la segunda guerra mundial. Lo urgente desplazaba lo importante. Era preciso derrotar a Alemania, luego vendría lo demás.

No se lo puede criticar por ello en lo más mínimo, en España dio casi hasta su último aliento defendiendo la revolución en el bando del POUM.

Chile posee muchos y muy buenos escritores, es el momento en que apliquen el criterio de Orwell: Estamos en una situación crítica, el terremoto y el tsunami han desnudado un país africano que moraba invisibilizado en una careta modernizada, y ha creado otro, que no existía, apenas unos cuántos kilómetros al sur de la capital.

Un país sin agua, luz, ni techo. Autoridades sobrepasadas preocupadas de llegar al final del día y nada más.

Me pesa la indolencia de nuestras elites que ven en esto una oportunidad para sus negocios; pero me violenta aún más la actitud de tantos izquierdistas que corrieron a ver si sus heredades estaban indemnes y luego se han dedicado a sus importantes asuntos sin que nada los perturbe. Mientras ellos dirimen si Trotsky o Lenin tenían la razón, yo seguiré poniendo mi luciferina lucidez al servicio de comprender lo que está sucediendo.


* Ley 16.282.



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