Violencia y Control Social

En Chile no rige un estado constitucional de Derecho.

Por Ariel Zúñiga Núñez

“La libertad siempre es la libertad de quién piensa diferente”

Rosa Luxemburgo

De los estados pacificados y democráticos, me refiero a los que no están fallidos total o parcialmente como Somalía o Colombia, y que no padecen una dictadura, Chile debe ser uno de los que en forma más flagrante y cotidianamente se vulneran los derechos humanos.

Conspira a favor de ello el que los organismos defensores hasta hace muy poco sostenían que las violaciones a los DDHH eran un asunto del pasado.

La normalización de crímenes de lesa humanidas en las cárceles y procesos judiciales se dijo que desaparecería al cambiar el proceso penal. Y todos los sectores confiaron ingenuamente que así sería.

Sin embargo la “nueva justicia” probó desde el comienzo su vulnerabilidad ante la apetencia de ajusticiamiento de caciques, como Juan Agustín Figueroa, o del propio gobierno.

El pueblo mapuche es quién con mayor fuerza ha debido padecer de una constante conculcación de los derechos fundamentales so pretexto de razones de estado. El nuevo proceso ha servido de excusa para legitimar juicios espurios, con testigos sin rostro, y jueces y fiscales que poseen los mismos apellidos de los usurpadores de la Araucanía.

Pero los mapuche no han sido los únicos.

Juan Aliste Vega es acusado de dar muerte a un policía en un asalto bancario.

¿Porqué Argentina debería negar una extradición en el caso de un imputado de un delito común?

En primer lugar porque la República de Argentina es un estado que respeta los DDHH, que ha reconstruido su país, económica e institucionalmente desde un compromiso unánime en pro de la justicia y la no impunidad.

En Chile, en cambio, se hace todo lo posible por eludir las normas sobre DDHH. Autoridades máximas, incluyendo el destituido embajador Miguel Otero en Buenos Aires, se empeñan en justificar el golpe de estado de 1973 y sus atrocidades. Los parlamentarios de gobierno, y muchos de nuestros jueces, desconocen que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables y constantemente invierten los conceptos y dicen barbaridades tales como que son los delincuentes comunes los que atentan contra los DDHH. Cuando todo les falla vacían de contenido a las palabras silenciando las luchas de los marginados y desandando los pasos transitados en pos de la verdad y la justicia.

El fallecido general de carabineros José Bernales prometió que se encontraría a los responsables del homicidio del cabo Luis Moyano y que se los castigaría sin misericordia. Nuestro actual gobierno ha hecho propio su juramento olvidando que en un estado de derecho las autoridades no cobran venganza sino que realizan justicia.

El presunto homicida del cabo Luis Moyano no será objeto de un justo y debido proceso.

En primer lugar nuestro ministro del interior en vez que solicitar la extradición pidió por los medios de comunicación a Argentina que expulsara al “asesino del cabo Moyano”, olvidando que mientras no exista un juicio justo y una sentencia a lo más se le puede considerar un sospechoso o un imputado.

El segundo lugar, el imputado será juzgado por los compañeros de Moyano, en vez que por un tribunal independiente. Recordemos que en Chile aún la policía uniformada se rige por normas militares eso incluye el privilegio de ser juzgados por tribunales militares sean los imputados o las víctimas.

En un estado constitucional de derecho los ciudadanos son inocentes hasta que un legal y debido proceso en su contra acredite más allá de toda duda razonable su culpabilidad.

Un tribunal que es un privilegio de militares, conservado como resabio de una sociedad feudal, que asegura impunidad a los carabineros cuando son los asesinos y las penas del infierno cuando son las víctimas se encuentra en las antípodas de un debido proceso.

Un estado que no asegura el debido proceso a sus ciudadanos, permite la impunidad y tolera y hace posible que un sector de la población instrumentalice a la justicia para la venganza privada, no es un estado constitucional de derecho, es decir, un lugar en donde rige el imperio de la ley tanto para gobernantes y gobernados y los DDHH constituyen la norma fundacional.

Si Argentina permite que un “hombre muerto caminando” como Aliste, regrese al lugar en donde será ajusticiado, será cómplice de una atrocidad.

Nuestros vecinos han dado numerosos y decisivos pasos para alejarse de la historia de brutalidad militar que nos hermana, sería un grave error desandar aquellos pasos tratando este caso como un asunto burocrático de rutina.