Violencia y Control Social

Una vergüenza que debiera ser un escándalo.

Por Ariel Zúñiga Núñez.

Un grupo habitantes de este país se agregan a los que ya se encuentran detenidos bajo cargos terroristas. Lo extraño de la situación es que no existe ninguna organización terrorista actuando en el país ni tampoco se ha cometido acto terrorista alguno ¿Cómo es posible ésto?

Algunas aclaraciones previas.

Como señalé en un ensayo escrito hace unos meses [1], el terrorismo consiste es incurrir en actos equivalentes a delitos de guerra en tiempos de paz o que serían delitos de lesa humanidad si es que los cometiese el Estado. Para que los actos sean terroristas además deben ser cometidos por organizaciones que hacen de la comisión de dichos atentados su actividad preferente.

El legalismo, o leguleyismo, con que se ha tratado de justificar la aberración de encarcelar a personas bajo cargos terroristas, sin que exista terrorismo, es decir, sin que existan delitos de guerra en tiempos de paz ni actos equivalentes a delitos de lesa humanidad, y sin que existan organizaciones terroristas, ha sido citar la ley, escrita en dictadura y modificada en tiempos de la concertación.

Pero esto no basta, que la ley antiterrorista se limite a tipificar conductas sin definir qué es terrorismo no obsta a que exista un sentido común y obvio del término, el que debe prevalecer independiente de los caprichos de los organismos de persecución penal.

Es inadmisible que se encarcele a personas bajo cargos terroristas en un país en que no existe terrorismo. Esto ha sido constantemente refrendado por especialistas nacionales e internacionales. Lo ha dicho Cecilia Medina [2] presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o Raúl Sohr en la edición de julio del le monde diplomatique Chile.

El pueblo mapuche y los anarquistas.

En Chile existen presos políticos y son, algunos de ellos, presos de conciencia, es decir personas encarceladas por su modo de pensar no por los actos que hayan cometido.

Si alguien es acusado por pertenecer a un grupo terrorista, al no existir este tipo de organizaciones el juicio completo no es más que un fraude. ¿Qué evidencias se pueden utilizar para acreditar un cargo inexistente e imposible?

Baste señalar los elementos incautados para comprender que se trata de acciones propias de la santa inquisición e inadmisibles dentro de un Estado de derecho. Bicicletas, libros, fanzines. Se ha cerrado la biblioteca Sacco y Vanzetti con la burda excusa de que sería el sitio del suceso ¿De qué suceso? El único muerto por las bombas de ruido que se han instalado con fines vandálicos y propagandistas pero en ningún caso terroristas, ha sido alguien que transportaba un artefacto. Los únicos muertos y heridos en el “conflicto mapuche” han sido mapuche.

Cuando hablamos de terrorismo hablamos de la AMIA, de las Torres Gemelas, no de bombas de ruido incapaces de muertes masivas.

Existe un abuso del lenguaje pero además de la constitución y las leyes. El estado de derecho es el conjunto de reglas del juego con que nos relacionamos, es inadmisible que en un país que se dice democrático y constitucional se rebasen estas normas fundacionales a placer a la hora de tratar algunos ciudadanos fuera de toda legalidad.

Esto no es sólo una agresión en contra de unos cuantos anarquistas y mapuche sino que contra de cualquier chileno. Es una vergüenza y debiera ser un escándalo.

Jalandro, el Zar de la Pólvora.

Hace unos días el diario la Tercera publicó una amenaza ilegal [3], agregaría incluso mafiosa en contra de quienes hemos llamado Jalandro al fiscal Alejandro Peña.

Es gravísimo ya, por un asunto de estilo o técnico periodístico, que la prensa en vez que cubrir un tema se limite a publicar los correos electrónicos que le envíe la fiscalía. Es común que nuestros periódicos se dedique más a las relaciones públicas de los poderosos, esto incluye a las agencias del estado, que a hacer periodismo.

Pero es inconcebible que en un país en donde nuestras autoridades y clase dirigente se considera autorizada para calificar, o descalificar, el estado de la libertad de expresión en Venezuela se publique una amenaza en contra de quienes ejercemos la libertad de expresión.

Llamar Jalandro a Alejandro Peña no es una “ofensa al fiscal”. Rebasa la decencia y la inteligencia de cualquiera pretender utilizar normas de desacato que ni el presidente podría invocar. Las ofensas al fiscal es para los intervinientes en el proceso y para los asistentes a una audiencia o algún acto oficial en que el fiscal oficie de tal. En segundo lugar recurrir al sobrenombre del fiscal, ganado a fuerza del consumo de drogas, es comparable a llamar gordis a Bachelet o Ta tán a Piñera. En cualquier caso el “ofensor” sería el motejador no quién divulga un apodo públicamente conocido.

Pero lo más grave del asunto, y que refrenda que esto es un disparate de principio a fin, es que la Tercera en vez que investigar si el desaforado consumo de cocaína del fiscal Peña durante su educación universitaria fue sólo un pecado de juventud o se trata de un pasado incompatible con el cargo.

Tampoco nadie se ha preocupado si el tipo consumió cocaína de un modo recreativo o si es un adicto. La intimidad de las personas existe, si, también la posibilidad de rehabilitarse, pero así como no pondríamos a un pederasta rehabilitado a cargo del SENAME tampoco podemos tolerar que el “fiscal estrella antidrogas” sea un drogadicto.

Y digo esto en atención a que el mote de Jalandro hasta el domingo pasado era tan sólo un rumor a pesar de las buenas fuentes que sustentan la historia. El que La Tercera haya amenazado a quienes difundimos un rumor en vez que desmentirlo lo ha confirmado irremediablemente.

Según fuentes de la escuela de derecho de la universidad de las Condes al fiscal estrella se le conocía por Jalandro debido a que se pegaba en la pera, y también en sus codos por su baja altura; además se sabe que era un borracho odioso que daba jugo en partes iguales a lo bebido. La Tercera en vez que investigar esto, poniendo el grito en el cielo sobre que un consumidor de drogas dirigiera los operativos antidrogas, se limita a amenazar a los mensajeros y meterse el mensaje en el culo.

En vez que desmentir el apodo de Jalandro, o que éste tuviese que ver con consumo de cocaína, La Tercera amenaza a quienes debemos realizar un trabajo periodístico debido a que ellos no lo hacen. No sólo eso, además reconoce que intervienen correspondencia fuera de toda ley y moralidad.

La idoneidad moral, incluso, legal, del fiscal Peña es lo que está en juego. Si prefiere tapar esto encarcelándome no me sorprenderá en lo más mínimo, a este país jamás llego algo parecido a una democracia. Como decía Mariátegui, para un intelectual que se precie la cárcel o la muerte son simples riesgos laborales.

Notas:

[1] Trazas, explosivos y terrorismo http://violenciaycontrol.blogspot.com/2010/06/trazas-explosivos-y-terroristas.html

[2] http://www.rnw.nl/espanol/article/cr%C3%ADtica-la-ley-antiterrorista-de-chile

[3] http://diario.latercera.com/2010/08/08/01/contenido/pais/31-34830-9-fiscalia-pide-ayuda-al-fbi-para-monitorear-sitios-web-antisistema.shtml