Violencia y Control Social

Ha comenzado el juicio contra los gendarmes (carceleros) responsables directos de la muerte de 81 chilenos encarcelados el 8 de diciembre pasado. Se les reprocha, por el ministerio público (fiscalía), el haber demorado una hora en denunciar el siniestro y en auxiliar a sus víctimas debido a que estaban bebiendo y los puestos de guardia estaban abandonados.

Para decirlo de modo sintético, los acusan de lo más grosero para ocultar lo más grave.

Por una parte los gendarmes no sólo fueron negligentes en no dar aviso a bomberos del incendio por estar de juerga sino que, una vez que estos llegaron, impidieron que actuaran excusándose en la “seguridad”. Sólo una vez que llegaron las brigadas antimotines rompieron los candados. El dilema, para todo ser humano fácil de decidir (incluso en una situación extrema y ebrio), entre salvar la vida de muchos y conservar el empleo, se resolvió dejando encerrados a cientos mientras se quemaban vivos con tal que no se les escapara ninguno. A la postre este acto de “extremo” celo en cuidar el empleo los amenaza con ocupar las mismas celdas que antes cuidaban por fuera.

Uno de los acusados, en entrevista en la televisión nacional, dijo que pese a que habían bebido “no se habían saltado ningún protocolo y actuaron diligentemente.”

Se trata de aquellas disculpas que agravan la falta, sobretodo cuando los hipócritas de siempre marchan cargando antorchas buscando a culpables de poca monta sin importarles un bledo la comprensión de lo ocurrido.

Es así como llegan a formalizar a los que “cumplieron celosamente” su trabajo a pesar de estar bajo la influencia del alcohol, y con juzgamiento se exonera, de facto, a los que redactan los protocolos, forman a ese tipo de personal y lo supervisa.

Los más grandes responsables están confirmados en sus puestos empezando por los principales: El ministerio público, el gobierno actual y los pasados, el congreso nacional y la prensa.[1]

Afuera del edificio que alberga a los tribunales se congregan los familiares de los asesinados, en la mayoría jóvenes, cargando letreros y una pena inconmensurable. Saben que esto es una farsa, que nadie pagará por los horrendos crímenes y que además no se detendrá el escarnio.

Por “motivos de seguridad” no se los deja ingresar a la sala, por los mismo “motivos” se los acosó policialmente durante los velatorios y funerales, y los féretros de sus familiares calcinados fueron entregados sellados por lo que fundadamente dudan si efectivamente son los suyos los que yacen tres metros abajo de la encerada lápida, aquella donde nunca faltan las flores frescas. Podrían ser unos ladrillos de adobe a quién le lloraron y suplicaron una explicación. De autoridades que permitieron el encierro y posterior incineración de tantos y por puras nimiedades, a veces por puros cahuines sacralizados en juicio, se puede esperar cualquier cosa.

Alejandro “Jalandro” Peña, el ex fiscal estrella, el mismo especializado en encarcelar a sus antiguos dealers con montajes burdos que luego eran blanqueados con apodos y power point, confeccionados por el departamento de producción teatral del ministerio público, es quien pretende hacer “justicia” en este caso.[2]

Como decía Nicanor Parra: “(en Chile) el gallinero está a cargo del zorro”. Palabras más vigentes que nunca. [3]

En Cañete la gran farsa judicial concluyó con presos políticos condenados a 25 años so pretexto que había cometido delitos comunes pero que sólo fueron resueltos gracias a la participación de “testigos secretos” o “sin rostro” [4]. Es decir, se incumplieron todas y cada una de las normas más caras de nuestro sistema jurídico. Por una parte se permitió que en juicio se presentara fuentes de prueba ilegales, impertinentes y otras que su sola presentación constituía delito. Así lo comprobaron los observadores internacionales quienes no ahorraron adjetivos para calificar los atroces procedimientos que por sí constituyen una forma de tortura psicológica. [5]

Al ministerio público le importó un bledo el acuerdo suscrito entre el gobierno, a nombre del Estado de Chile, y el mediador, en ese tiempo obispo de Concepción y hoy de Arzobispo Ricardo Ezzati. Cuando se dijo que no se utilizaría la ley antiterrorista se pensó, que aunque se utilizara el derecho penal del enemigo, que todos serían liberados sin cargos y que los condenados, si es que había, lo serían por delitos menores. Pero no fue así, no se los condenó por delitos terroristas pero se utilizó como “evidencias” para inculparlos en delitos comunes procedimientos inadmisibles, contrarios a cualquier derecho, y que sólo se habían tolerado en la histérica lucha antinsurgente y antinarcótica.

Es decir, Hector Llaitul fue condenado por robo gracias al relato de testigos sin rostro, protegidos y además remunerados. Eso quiere decir que mañana cualquiera de nosotros podrá ser juzgado por falsificación de timbres y sellos del estado por lo que diga alguien cubierto con un capirote sin que sepamos quien es y sin que podamos acusarlo de mentiroso. En un sistema medianamente decente la palabra de uno contra otro se resuelve en favor del acusado, aquí sucede que la palabra de alguien interesado en la condena, por motivos inexpresables, vale más que muchas palabras en contra e incluso contra evidencia física. Lo que dice un encapuchado vale más, no sólo de la presunción de inocencia, sino que de una coartada o un peritaje balístico.

Jalandro Peña ha seguido el mismo “procedimiento” antimapuche contra los 14 del 14, que dicho sea de paso se encuentran en huelga de hambre [6]. Hace unos días se suspendió la audiencia, en favor de los intereses de la fiscalía, por errores imputables a su parte sin que eso trajera aparejada ninguna consecuencia, ni siquiera una amonestación. El fiscal Marcos Emilfork mintió, pero no de modo elegante o formalmente legal como se hace habitualmente en los tribunales sino que de una forma burda, inaceptable hasta para los periodistas [7]. El objetivo del fraude era suspender la audiencia de modo que los jóvenes siguieran en prisión preventiva mientras el jefe Obama visitaba a Chile.

Sin embargo, tras la mentira de Emilfork, se esconde el interés fiscal por perseverar en el montaje a lo Cañete, desatando su poder en uno o en dos a quienes los condenarán por algún delito de la ley de telégrafos si es necesario: Y para lo cual usarán nuevamente a los monigotes encapuchados, los testigos protegidos [8]. Cuánto ha cambiado Chile como para que los encapuchados pasaran de ser el enemigo público número uno a las personas más creíbles del país.

Desde ese día que los encarcelados por el caso bombas de ruido son presos políticos y se puede decir, sin que sea exagerado, que están secuestrados por el Estado de Chile. [9]

Hernán Chadwick [10], el representante de las concesionarias de carreteras urbanas (aquellos que cobran las multas impagas con más usura que los de Eurolatina), aunque usted no lo crea es también el presidente del Consejo Nacional de Televisión, órgano público dedicado a velar por las “buenas maneras” dentro de la caja idiota.[11]

Su primera acción, en calidad de jefe de dicha entidad, fue castigar al “Club de la Comedia” por realizar rutinas de humor bíblico. Es decir, interpretó su cargo público como el de un censor en tiempos de inquisición, confundiendo al pecado con el delito. Estamos a la espera de que sancione a Tolerancia Cero por entrevistar a James Hamilton.

Su segunda acción pública, ha sido sancionar a todos los canales de televisión por sus transmisiones el día que quemaron a los presos de la cárcel del San Miguel [12] ¿Será porque era un feriado católico y se debía exhibir solamente misa?

De ese modo queda en el mismo lugar toda la información útil, entregada ese día por la prensa, junto con la basura truculenta y el zezeo de Gomez Pablos confundiendo a los mineros con los incinerados.

Pero no todo es genuina desesperanza de los familiares o falsificado disgusto de las autoridades. El abogado Carlos Quezada, representante de los familiares de algunas víctimas y quien durante años ha trabajado con presos comunes, dijo en TV que estaba conforme pues “por primera vez se iba a terminar con la impunidad en un caso de maltrato en contra de internos.”

El señor Quezada o lleva mucho tiempo sin leer el periódico, y por lo tanto no sabe que Jalandro Peña jamás prestaría su nombre para algo decente, o simplemente ocupa un lugar dentro de esta nueva farsa judicial.

Notas.

[4] Tribunal condena a sólo 4 de los 17 mapuche acusados de hechos de violencia en Arauco http://www.biobiochile.cl/2011/02/22/tribunal-de-canete-condena-a-solo-4-mapuche-por-atentado-al-fiscal-mario-elgueta.shtml

[5] Jurista Mireille Fanon acusa: “Juez de Cañete incurre en prevaricación y abuso de poder” http://www.elciudadano.cl/2011/01/28/jurista-mireille-fanon-acusa-%E2%80%9Cjuez-de-canete-incurre-en-prevaricacion-y-abuso-de-poder%E2%80%9D/