Violencia y Control Social

Leyes sí, privilegios no.
Por Ariel Zúñiga Núñez ( @azetaene )

Hace unos días a mi amigo Julio Cortés casi lo mataron los pacos, lo metieron en carro policial el día más caluroso de un marzo que parecía enero y lo pasearon por los sitios más asoleados, a la hora de la canícula, comprimido como una sardina junto a una veintena de estudiantes detenidos por manifestarse.

Julio es abogado, escritor, músico, académico, activista y pintamonos, obvio, como todos. Otro dato a consignar es que no tiene entre 12 y 20 años como los demás detenidos que sufrieron el mismo vejamen; aunque no lo quiera admitir ya va por los cuarenta.

Con más trasnochadas que quiosco de la plaza Italia el fatigado cuerpo de Julio casi no resistió la tortura, la misma al cual son sometidos los jóvenes que se manifiestan a razón de miles por vez. No lo molieron a palos pero casi se lo echaron. De estar en sus zapatos mi corazón no habría resistido y el paro cardiaco no me lo despinta nadie.

Julio fue detenido mientras intentaba realizar su trabajo, al frente del palacio de la Moneda, intercediendo a favor de unos estudiantes que se manifestaban pacíficamente y que estaban siendo detenidos de modo arbitrario e ilegal.

La detención de Julio, una de las tantas miles de detenciones ilegales, ameritó que cuarenta abogados redactaran y suscribieran una carta pública.

Mis lectores y auditores conocen mi opinión respecto a las cartas públicas firmadas por múltiples hidalgos; sólo diré que me parece un instrumento ineficaz para el propósito declarado así como útil para uno, no declarado, que es el de figurar.

La carta, además, se la remiten a Lorena Fries, abogada, feminista, bacheletista, y directora de un maqueteado y olvidable instituto de DDHH.

Ir al contenido de la carta podría parecer inoportuno ya que he mencionado que se le estás ladrando al árbol equivocado, sin embargo algunas cuestiones no pueden dejar de decirse con la misión de que quede en actas y no se diga que hemos consentido por omisión.

El instituto de DDHH no hizo nada por los imputados del caso bombas, ni por el ciudadano paquistaní Saif Khan, ni por el ciudadano vasco Asel Luzarraga. Todos ellos fueron acusados a través de los medios de grandes delitos, a todas luces infundios; sólo la comisión de DDHH de la cámara de diputados y algunos parlamentarios con nombre y apellido brindaron su apoyo en los momentos duros, cuando se le violaban sus derechos humanos de algunos de ellos.

Validar una institución de papel maché como el INDH me parece torpe y o amnésico. De modo tardío el INDH se involucró en los casos de violaciones a los DDHH de las policías en contra de los manifestantes con la figura de los observadores de DDHH. Sin embargo sus acciones de denuncia sólo han servido para evitar el colapso de una institución concertacionista, un verdadero “poder fáctico” creado para dar trabajo a algunos camaradas y reforzar la propaganda que la podríamos agrupar en dos conjuntos: “los DDHH son un asunto del pasado” y, “gracias concertación por librarnos de Pinochet”.

Cuando Herberg amenazó con quemar parte de nuestro pasado el INDH se prestó para ocultar cualquier discusión de fondo reduciendo el conflicto a un mero problema de derechos de propiedad intelectual.

El INDH no es un órgano del gobierno de Piñera pero claramente es un órgano del Estado de Chile. Ni es independiente ni menos un organismo autónomo del poder político y el capital como para elegirlo como destinatario de nuestras misivas. Además no posee ninguna competencia jurisdiccional, la “preocupación” que le transmiten sólo sirve para que Lorena Fries luego le “transmita” dicha “preocupación” a otras autoridades que tampoco harán algo para evitar que se sucedan hechos como los denunciados.

Acciones de este tipo sólo sirven si se pretende blandir el Chipote Chillón de una demanda internacional en la Corte Interamericana de DDHH.

El Estado de Chile, ya que no es democrático, no posee oposición sino que disidencia; dicha disidencia no tiene posibilidad de dialogar, ni menos de negociar, con el Estado.

La disidencia la constituimos un grupo numeroso de patipelados y también de hidalgos profesionales. Al menos en eso han sido justas las autoridades pues apalean a todos por igual, sean estudiantes o desertores escolares, profesionales o legos, abeceunos abajistas o niños en “riesgo social”.

Leo las leyes que nos rigen una y otra vez y no encuentro ninguna norma que consagre que los abogados tienen más derechos que los ciudadanos que no lo son. El ámbito restrictivo en donde sus competencias lo hacen diferente es en los tribunales; tienen un derecho a la palabra que a los legos en general se les niega.

Tampoco encuentro alguna norma que autorice a los Carabineros a pegarle a todo el mundo y cuando se le venga en gana.

En este asunto no existen “vacíos legales” como dicen los autores de la carta; lo que ocurre es que la ley no sirve para controlar el poder y por ello la constitución política no se respeta así como toda la legalidad.

Si estamos en una tiranía, en un Estado que no es de Derecho, en donde los abogados son maltratados junto con sus defendidos y los periodistas son golpeados, amedrentados y juzgados como delincuentes me parece que el rol de los “legistas” es de acusar esta situación a la opinión pública para que cada uno de los que reciban el mensaje dejen de acatar las instrucciones de un gobierno tiránico.

Si es que los tribunales desoyen las violaciones a los DDHH, los Carabineros las perpetran a cotidiano y el ministro del interior les exige que así actúen no veo el sentido de discutir este asunto dentro de la “institucionalidad” impuesta por el poder y para su beneficio.

No me parecería un avance, tampoco, que se legislara, de “emergencia”, para crear un estatuto especial, o privilegio, para periodistas, estudiantes universitarios, manifestantes oenegistas o abogados.

El problema radica en nuestro sistema penal. Es hora que se enteren aquellos que se tapan los ojos y oídos para no hacerlo: De este modo y peor carabineros trata a los pobres los 365 días del año. La orden que les da Hinzpeter no es otra de que trate como “delincuente” a los manifestantes, es más, según la mentalidad en que han sido instruido los carabineros quien no acata órdenes es un delincuente.

Para que se deje de tratar a los manifestantes, y a sus abogados, del modo brutal en que se lo hace con los pobres (con la excusa que son delincuentes) más que instar por nuevas leyes que discriminen positivamente a algunos se debe abogar porque se respete los DDHH de todos empezando por los presos, por todos los presos.

Detrás de ese reproche “nos tratan como delincuentes” se esconde la trampa, la negación de todos y cada uno de los DDHH, y eso es la deshumanización, el separar al mundo entre buenos y malos, el exigir el respeto a los que se portan bien y el azote de dios a los que se portan mal.

El concepto de delincuente es lo que está mal, no el que las autoridades agrupen a los manifestantes en el bando de los delincuentes.

Y el problema es nuestro Estado, no el que Carabineros le pegue a muchos o a pocos.